La lucha contra el dopaje en España depende de la CELAD, es decir, la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte. Pero en ocasiones también depende de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, de los jueces. El problema en España es que la comunicación entre los jueces de lo penal y la CELAD es francamente mejorable.
En los Desayunos de Europa Press, conocimos por boca de José Luis Terreros, presidente de la CELAD, varias noticias de suma importancia: la existencia de una presunta red de suministro de sustancias dopantes, la identificación de un buen número de deportistas que a día de hoy podrían ser sancionados deportivamente y, por último y por desgracia, la falta de comunicación entre jueces y CELAD, algo que ya sucedió en la Operación Puerto y que se repite en la Operación Ilex.
Terreros lo explicó así: «Los jueces españoles no están informados sobre la ley antidopaje. Solicitamos la personación y la aceptó. Pero a los tres días la denegó. Le remitimos un informe para que permitiera a la UCO (la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) pasarnos los datos y suspender a los deportistas que han estado haciendo trampas. Nos dice que no lo hará hasta que el procedimiento esté sobreseído«.
Este último caso, la Operación Ilex, afecta al doctor Marcos Maynar y a otras siete personas en condición de investigados, pero también podría afectar a otro buen número de deportistas, aunque en este segundo caso serían objeto de sanciones deportivas y no penales. Sin embargo, la jueza María de la Cruz de la Torre no cede ningún dato y así es imposible avanzar, por lo que volvemos a repetir el callejón sin salida de la Operación Puerto a pesar de que parecía que las nuevas leyes antidopaje habían sido tramitadas para evitar este tipo de bloqueos.